MANIFIESTO ESTADO DE ALARMA CORONAVIRUS

MANIFIESTO DE LA REGIONAL ANDALUCÍA-MURCIA SOBRE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.  

La solidaridad y el apoyo mutuo de la clase trabajadora andaluza son el verdadero paliativo de la crisis

pandémica que estamos viviendo. No pagaremos sus consecuencias. 

Como era de esperar, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 las estamos sufriendo la clase

trabajadora en general. En Andalucía, pagan los trabajadores de los sectores más tradicionalmente

precarizados: el personal de la sanidad, la agricultura (y en especial las personas jornaleras), la hostelería

y turismo, la limpieza y el cuidado, la construcción. Dependemos de estos sectores en un contexto

andaluz de desindustrialización, paro estructural entre los más altos de Europa y del país, y fragilidad de

un tejido empresarial constituido por PYMEs y autónomos en su gran mayoría.

El entramado socioeconómico neoliberal, si bien por un lado ahora mismo depende de nuestra unidad e

iniciativa para sobrevivir a esta crisis, por otra parte hace recaer el peso de sus consecuencias en los

trabajadores más expoliados. Son especialmente las personas trabajadoras precarias, y todas aquellas

que están fuera del mercado laboral, que además sufren del parón de los mecanismos públicos de apoyo

social: las desempleadas, las sin techo, las presas y las migrantes, las personas ancianas, las mujeres en

condición de prostitución. 

Mientras tanto las patronales no cumplen ni con las más elementales medidas de seguridad e higiene y

la mayoría de los trabajadores se han visto obligados hasta hoy a trabajar expuestos al riesgo de

contagio. Muchas de estas situaciones se están dando bajo la coacción del despido por parte de las

empresas:   están   al   orden   del   día   despidos   masivos   ilegales   y   falsas   terminaciones   de   contratos

temporales,   e   irregularidades   de   todo   tipo,   como   obligación   de   coger   vacaciones   (práctica   esta

totalmente ilegal, como una medida temporal que finalmente desembocará, cuando la situación se

alargue, en el despido) y modificaciones de las condiciones de trabajo sin cumplir con los procedimientos

legales. Lo peor, sin duda, está por llegar: se adivina ya que la oleada de despidos que se avecina puede

ser inmensa, arrastrando unos sectores a los otros.  

La primera respuesta del Estado es autoritaria: la incapacidad de proporcionar mecanismos efectivos si

no   mínimos  de  protección   desemboca   en  el   confinamiento,   la   pérdida   de   puestos  de   trabajo,   la

militarización de las calles y la delegación a los militares (cuando no a voluntarios) de tareas realizables

por profesionales de la logística, de la limpieza, de los servicios sociales que acaban confinados. En este

contexto, retrasar la suspensión de actividades no esenciales mientras no hay capacidad de coordinar las

esenciales, es simplemente hipócrita. 

La única verdadera acción efectiva se está realizando gracias al apoyo mutuo y solidaridad de la clase

trabajadora.  En este caso las políticas neoliberales han salido huyendo despavoridas, demostrando así

que no son las más efectivas para combatir una época de crisis. 

Por tanto, tenemos que incidir en estas ideas una vez finalizada esta crisis sanitaria, económica y del

sistema. Debemos instar a todos los niveles de gobierno a recordar quién está combatiendo de verdad

esta crisis, y no consentir que la paguemos los mismos de siempre: las premisas deben ser el blindaje de

lo público, a partir del sistema público de salud y de las organizaciones espontáneas de solidaridad,

protección y cooperación de nuestra sociedad. 

Por supuesto que, en el futuro, pero también ahora, se hace necesario plantear un cambio radical de

camino: reivindicamos potenciar la solidaridad social y una mayor participación de todas hacia una

solución a esta crisis económica, social y política, y exigir al estado que todos los recursos existentes se

pongan al servicio de la sociedad. 

Por esto, exigimos a la Junta de Andalucía y a los municipios, en coordinación con el gobierno central, la 

implantación ágil y desburocratización de las siguientes medidas:  

1. Creación de una Renta Básica de Emergencia, convertible tras el estado de alarma en una Renta

Básica Universal, cuyo importe mínimo sea igual al SMI y que conlleve la actualización de las

prestaciones no contributivas. Nos parece esencial garantizar en estos momentos la subsistencia de

los miles de personas que trabajaban sin contrato y que han resultado despedidas por el cierre de

las empresas, o que han visto reducidas sus jornadas de trabajo y sus salarios. En la misma situación

se encuentran aquellas personas que realizan tareas de cuidados sin retribución y las personas

trabajadoras migrantes en situación de irregularidad. 

2. Suspensión del pago de hipotecas, alquileres y recibos para todos los hogares con menos de dos

SMIs de ingresos, no solo durante el tiempo que dure la emergencia actual, sino de cara a la

situación social que se producirá tras la misma.  

3. Paralización de toda la actividad productiva no esencial, sin que la carga de esta paralización

vuelva a recaer en el trabajador. Los trabajadores no pueden ver disminuido su salario, devolver las

horas no trabajadas, o verse obligados a coger vacaciones en el tiempo que dure la emergencia

actual. Solo hay que recordar que en este país se realizan 2,96 millones de horas extra a la semana

sin cobrar por ello y éstas se comen 74.000 empleos, pedir ahora a los trabajadores que recuperen

las horas es de una indecencia sin igual.  

4. Implementación de una reforma fiscal altamente progresiva, con impuesto especiales ej. para las

grandes superficies. Derogación de las reformas regresivas de la Junta de Andalucía. Uso de todas

las plusvalías y de los últimos dividendos distribuidos no invertidos para la recapitalización de las

empresas y el mantenimiento del empleo y de los salarios. Devolución por parte de los bancos de

las ayudas públicas recibidas durante el rescate bancario. 

5. Instamos a la autoridad la vigilancia exhaustiva de la subida de precios por parte de los negocios

con actividad permitida en el Real Decreto. Haciendo en ocasiones uso del miedo colectivo y por la

alta demanda de ciertos productos para justificar dichos incrementos. 

6. Tutela del empleo público: exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que no se aumenten las

horas por empleado (ej. docentes) como medida de recorte del gasto público, y la ejecución de las

oposiciones programadas, aunque con efectividad futura.

MEDIDAS LABORALES  

7. Prohibir el despido y declarar la nulidad de los despidos realizados desde la declaración del estado

de alerta mientras dure la situación de emergencia, como única forma de evitar los abusos de las

empresas, y derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Prórroga de todos los contratos

temporales  que se extingan durante la crisis. Del mismo modo, todos los planes de apoyo a

empresas deberán estar vinculados al mantenimiento de los empleos.  

8. Creación   de   un  plan   de   garantía   laboral   y   de   un   plan   de   creación   de   empleo   de   calidad,

privilegiando la indústria, los cuidados y la economía social,  con una estricta vigilancia sobre

condiciones de abuso e irregularidad, incrementando los medios de las Inspecciones de Trabajo. Las

empresas deben acogerse a las vías legales para finalizar su actividad temporalmente si están

dentro de los sectores decretados para su cierre, de manera que sus plantillas tengan garantizadas

su situación legal y puedan cobrar las prestaciones correspondientes.  

9. Exigir el cumplimiento de las condiciones sanitarias de seguridad en los trabajos esenciales, como

en tajos e industrias envasadoras y transformadoras del campo, en la logística y en el comercio,

distribuyendo los EPIS necesarios entre los trabajadores, guardando las distancias aconsejadas de

seguridad, evitando  concentraciones  masivas de trabajadores  en  un mismo  tajo  o  almacén  y

parando la actividad cuando así lo requiera la situación de peligrosidad en el trabajo.  

10. Exigimos  que  las   personas   jornaleras   estén   en   viviendas   dignas  y  con   espacio   suficiente   de

habitabilidad,   acceso   al   agua   potable,   aseos   y   comunicación   con   tiendas   de   alimentación   y

supermercados. Y en caso de distancias considerables con las poblaciones cercanas, que se habiliten

sistemas para suministros de alimentos y otros productos necesarios para estas personas que

permitan evitar dichos desplazamientos considerados peligrosos.  

11. Mantener y reivindicar hasta después del estado de alarma las mejoras alcanzadas en el ámbito de

la conciliación gracias al teletrabajo: mantenimiento de esta opción para todos los trabajadores de

oficina para los que sea posible, y que así lo deseen, recibiendo de la empresa los medios de trabajo

(conexión a internet, ordenadores, etc.). 

MEDIDAS SOCIO-SANITARIAS  

13. En el ámbito estrictamente sanitario facilitar elementos de protección para el personal en contacto

con pacientes declarados, potenciales o personas de alto riesgo, tanto a nivel hospitalario como en

ambulatorios, residencias de mayores, ambulancias etc. Acabar con la precariedad del personal

sanitario: estabilización y refuerzo de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud.   

14. Intervención sin indemnización de todos los medios y recursos de la sanidad privada, laboratorios

y empresas que producen medicamentos y elementos de protección para combatir la pandemia, o

que  puedan  ser reconvertidas para tal fin. Para  blindar la  sanidad  pública  debemos exigir  la

derogación de la Ley 15/97. Nuestro sistema sanitario es esencial. 

15. Intervención inmediata de las residencias privadas de ancianos y residencias de personas con

diversidad funcional o discapacitadas, por parte de la Junta de Andalucía como forma de garantizar

los   cuidados   sanitarios   imprescindibles.   Del   mismo   modo,  ha   de   actuarse   en   relación   con   la

situación de las personas presas, o internadas en otro tipo de instituciones, como los Centros de

internamiento de extranjeros (CIEs). Asimismo, es necesario implementar un sistema de cobertura

de todas las necesidades básicas de las personas sin hogar, personas refugiadas o migrantes.

16. Implementación   de   las   medidas   necesarias   para  atender   a   las   personas   con   enfermedades

mentales y dependientes, cuyos trastornos y situaciones particulares pueden verse agravados con

el confinamiento, lo que puede conllevar situaciones de alto riesgo tanto para pacientes como para

los familiares. Reivindicamos que se tenga en cuenta la situación de estas personas y sus familias y

se mantenga y refuerce la intervención de los Servicios Sociales, tomando todas las precauciones y

medidas impuestas por Sanidad. 

 17. Elaboración de un plan de atención ante las situaciones de tensión y agresiones que se pueden

producir en estas condiciones de aislamiento, algo que puede ser especialmente peligroso en casos

de violencia machista, para lo que se debe reforzar desde la Junta de Andalucía toda la red de apoyo

y acogida a mujeres en situaciones de acoso y violencia de género.

MEDIDAS SOBRE DERECHOS COLECTIVOS 

18. Vigilar los métodos ejercidos por las fuerzas represivas del estado  contra los viandantes sin

autorizaciones certificadas para ello (como justificantes para ir al trabajo). Es el caso del vulnerable

colectivo de personas sin hogar, contra las que se conocen episodios de abuso de poder/ brutalidad

policial bajo el pretexto de circular sin permiso,  pese a estar a escasos metros del lugar de

distribución de alimentos.   

Comité Regional de Andalucía-Murcia.