La aplicación retorcida de las ordenanzas municipales
son un medio para obstaculizar la propaganda de
la central anarcosindicalista en la localidad.
El compromiso del PP con la libertad de expresión y de manifestación es algo incuestionable. La ley mordaza es un buen ejemplo de ello. En Adra el equipo de gobierno del ayuntamiento gobernado por esta formación política pretende cobrarnos unas tasas cuando difundimos mediante paneles cartelería sobre campañas sindicales, actos públicos, actos culturales etc.
Estos paneles sirven para cumplir con la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente que sanciona la pegada de carteles en fachadas o mobiliario urbano. Desde hace tiempo teníamos problemas con el ayuntamiento porque ahora estaban esgrimiendo otro tipo de ordenanzas, concretamente, la Ordenanza Urbanística que regula la instalación de carteles y vallas publicitarias. Así se justifican para aplicarnos una tasa cada vez que sacamos cartelería a la calle tratando de la misma manera la publicidad de lo que no lo es.
Nosotros tenemos claro que lo que hace el consistorio es retorcer las ordenanzas para obstaculizar lo máximo posible la difusión de mensajes que no comparte y, por otra parte, se muestra condescendiente cuando se trata de aplicar estas mismas tasas a asociaciones con mensajes más acordes con sus intereses.
Lo más lamentable es que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 1 de Almería ha considerado procedente estas prácticas y por lo tanto, ha dado la posibilidad al ayuntamiento (por ahora), de ponernos las trabas económicas vía pago de tasas para obstaculizar la libertad de expresión.
Una cosa tenemos clara, ¡¡no nos van a tapar la boca!!