El Ingreso Mínimo Vital o las migajas del Estado

DOSIER ¿Nueva normalidad? ¡Acción Sindical! | Sierra Norte | Ilustración de Jaume Molera | Extraído del cnt nº 425

Eva tiene tres hij@s pequeños y acaba de salir de una dura y difícil situación de violencia de género. Ha recibido una carta de la Comunidad de Madrid, con fecha 10 de Julio, en la que le amenazan con suspender o extinguir la prestación de la Renta Mínima de Inserción (RMI), si en el plazo de diez días no aporta la documentación requerida para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Cuando habla conmigo todavía tiene metido el susto en el cuerpo, y se pregunta una y otra vez como va a conseguir la documentación necesaria con la administración colapsada, personal de vacaciones y teléfonos que nunca contestan. En hacienda le han dado cita para finales de agosto y dado que es el único ingreso con el que cuenta para sacar a sus hij@s adelante, le ha inundado esa ansiedad que se te pone en el estómago, te ahoga las palabras y te hace sudar las manos.

Pero no es la única familia vulnerable que ha recibido esta vergonzosa carta. Según la Comunidad de Madrid «la RMI es subsidiaria del IMV» y se ha dirigido a todas las familias beneficiarias de esta prestación autonómica con el fin de trasladar el coste a la administración central, sin importarle nada tanto sufrimiento.

Llueve sobre mojado. Casi 4,3 millones de personas están en situación de pobreza severa en el Estado español, de los que el 40 % tiene menos de 30 años, y solo el 16 % del total recibe algún tipo de prestación

En comunidades como Madrid o Cataluña donde el coste de la vida es más elevado y el precio de los alquileres no deja de subir, el IMV no debería ser computable a efectos de acceso y cuantía. 462 euros no dan para mucho. Si a esto le añadimos las grandes dificultades de su tramitación, sólo por vía electrónica, no cabe duda que el tan cacareado subsidio que aprobaba el gobierno como un paso histórico y un adelanto en los derechos sociales deja mucho que desear y se aleja completamente de los postulados que defienden la renta básica universal como instrumento de erradicación de la pobreza.

Aún más, l@s más desfavorecid@s directamente se quedan fuera, como es el caso de las personas sin residencia legal, l@s jóvenes menores de 23 años, l@s mayores de 65 y las mujeres que han dedicado toda su vida al cuidado de los suyos o están en la economía sumergida como las empleadas de hogar.

Exigir la residencia legal de todas las personas que forman la unidad de convivencia, no se sostiene de ninguna manera. Haber cotizado doce meses a la Seguridad Social y haber residido en España durante el último año, requisitos imprescindibles, no sólo del beneficiario, sino de toda la unidad de convivencia, deja fuera a buena parte de la población en situación de pobreza extrema.

De nuevo, olvidamos la importancia y el valor de lo esencial. Los cuidados, esas manos femeninas que soportan la vida, l@s jornaler@s, inmigrantes pobres que recolectan nuestros campos en condiciones de esclavitud, l@s jóvenes que emigraron en la pasada crisis, l@s mayores que sostuvieron con sus paupérrimas pensiones a toda la familia. Llueve sobre mojado.

Casi 4,3 millones de personas están en situación de pobreza severa en el Estado español, de los que el 40 % tiene menos de 30 años, y solo el 16 % del total recibe algún tipo de prestación por parte de las administraciones públicas, con muchas diferencias entre las distintas comunidades autónomas.

Lo cierto es que desde los movimientos sociales que se han movilizado para ayudar en la tramitación del IMV, nadie conoce resoluciones positivas.

Según datos del informe «El paisaje del abandono: la pobreza severa en España», de la Red Europea contra la Pobreza EAPN-ES, en términos porcentuales, destacan las altas cifras de Canarias, Región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, con porcentajes que oscilan entre el 13% y el 16 % del total de su población. En valores absolutos, Andalucía agrupa a algo más de 1,1 millones de personas en pobreza severa; le siguen la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña con cifras entre 420.000 y 510.000 personas. Y estos datos son de antes de la pandemia.

Lo cierto es que desde los movimientos sociales que se han movilizado para ayudar en la tramitación del IMV, nadie conoce resoluciones positivas. La Asociación Víctimas del Paro Público ha recibido un documento de la Seguridad Social en respuesta a su petición de información en el que se indica que a fecha 7 de agosto sólo se habían aprobado 3.966 solicitudes de 700.000. Eso supone que la ayuda solo llega al 0,57% de las solicitudes presentadas, quedando en el limbo burocrático más del 99%.

Sólo las familias con menores a su cargo, cuya tramitación se ha hecho de oficio, reciben el IMV, pero cobran lo mismo que cobraban, sólo que con otro nombre. Esta situación provoca que familias vulnerables, muchas de ellas sin ningún ingreso desde el uno de abril, sigan sin ningún recurso a finales de agosto.

Son sólo migajas. El IMV no es desde luego una renta ni básica, ni universal, pero no parece que como estrategia, aunque fuera bienvenida, suponga un instrumento de cambio.

Desde CNT y pocos días después de aprobarse el RDL 20/2020 se ponían en marcha iniciativas para facilitar el complejo trámite a través del ciclo on line que se ha venido realizando en nuestro canal de youtube:
https://www.youtube.com/watch ?v=Sktahi5Fphw

También se elaboraba una guía de ayuda que se puede descargar en nuestra página:
https://www.cnt.es/noticias/guia -para-entender-el-ingreso-minimo-vital/

Alvar, de la Asamblea Popular de Carabanchel, pertenece al grupo de trabajo que organiza talleres de formación y puntos de apoyo para ayudar a rellenar el formulario. «Lo hacemos en el ESLA Eko, el centro social okupado del barrio. Nos ponemos en varias mesas y junto al o la solicitante vamos cumplimentando el formulario, aplicando unas medidas básicas de precaución de cara a la pandemia (mascarillas, limpieza, distancia). Hemos mantenido las “oficinas” semanales incluso en agosto. Para escanear o sacar fotos de los documentos utilizamos los móviles. La estructura de cada “puesto” es bien sencilla: un ordenador con conexión a la red y un móvil. Prueba de que hay necesidad de apoyo para el proceso de solicitud es que con difundir con los medios de la APC los días de la oficina y el boca a boca, acude bastante gente. Incluso nos han escrito desde servicios sociales de un barrio cercano para preguntarnos si nos podían remitir solicitantes. Es una vergüenza que refleja la pésima situación de los servicios sociales de Madrid, pues serían estos los que deberían estar ayudando.»

Son sólo migajas. El IMV no es desde luego una renta ni básica, ni universal, pero no parece que como estrategia, aunque fuera bienvenida, suponga un instrumento de cambio. Sólo la autogestión y la colectivización de los medios de producción pueden acabar con este sistema estatista y de poder que destruye nuestro planeta y ahoga nuestros sueños. Sólo el pueblo salva al pueblo.

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