L@s trabajador@s somos de nuevo llamados a las urnas el próximo 20 de noviembre. En medio de la inmensa crisis en que nos encontramos, los partidos se afanan en convencernos de que un cambio de gobierno va a poder “cambiar” la situación. A pesar del paro, que se ha vuelto crónico -toda vez que no se espera una recuperación económica en varios años-, de la penosa situación de los bancos y del mantenimiento de la especulación como base del sistema, una vez más unos y otros vuelven a hablarnos de soluciones “para salir de la crisis”.
Pero las eventuales salidas a la coyuntura económica en la que nos encontramos no dependerán del gobierno que se instale en Madrid el próximo 21 de noviembre. En el entorno globalizado en que nos encontramos, los gobiernos nacionales no cuentan con margen de maniobra para poder emprender acciones individuales frente a la crisis. Más aún, dentro de la Unión Europea, vemos como las decisiones que nos afectan directamente, se cuecen en el auténtico centro de poder del continente, que es Alemania y en menor medida, Francia. Unas decisiones, además, que carecen de contenido social, en las que las necesidades de la población -de los votantes, por tanto-, no son consideradas ni siquiera en último lugar. La prioridad, con carácter absoluto, es evitar una quiebra bancaria masiva ante la imposibilidad manifiesta de los estados europeos de hacer frente a la deuda contraída. Como hemos podido ver con la gestión hecha por Zapatero, los socialistas han tenido que plegarse totalmente a los designios impuestos por el Banco Central Europeo y el eje franco-alemán, llegando incluso a promover una reforma “express” de la constitución para garantizar a los prestamistas extranjeros que el pago de la deuda será una prioridad para España por encima de cualquier otro gasto. Un reconocimiento, expreso, de que los intereses de los poderes financieros estarán situados muy por encima de las necesidades de las personas, vengan como vengan las cosas en el futuro. Este hecho, por si solo, revela la posición en la que se encuentra la soberanía nacional respecto al poder del mundo financiero y da cuenta, de forma explicita, de la capacidad de movimientos con los que cuentan los gobiernos de cada país.
El dinero absorbido -y el que absorberán- los bancos va cayendo a un pozo negro del que no saldrá jamás. El dinero público que está sufragando los inmensos agujeros en el balance de las entidades financieras, no tiene visos de que sirva, ni para reactivar el crédito a personas y empresas, ni para asegurar la propia existencia de los bancos, muchos de los cuales terminarán nacionalizados o fusionados con otros. No obstante, no está en manos de ningún gobierno nacional recortar o eliminar este gigantesco trasvase de capital. La paradoja del liberalismo, por la cual se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, está puesta sobre la mesa en toda su crudeza. Y ningún gobierno puede soslayar esta “obligación” de socorrer a los bancos, puesto que la baza con la que éstos juegan, es el dinero depositados por los clientes. Manos atadas de nuevo.
Los dos candidatos en liza (PSOE y PP) manifiestan que pueden emprender el gobierno sin realizar nuevos recortes sociales; de nuevo nos movemos en el terreno de la demagogia y de la falta de escrúpulos ante un electorado que necesita escuchar ese tipo de mensajes aunque sepa -a poco que reflexione sobre ello- que son completamente falsos. El PP aboga por realizar una nueva reforma laboral; sería la primera que no trajera nuevos recortes sobre los derechos de los trabajadores. También por realizar una “reestructuración” de la administración pública; dicho en plata, lo que eso significa son despidos en el sector público, los consiguientes recortes en el servicio prestado y más privatizaciones. El PSOE manifiesta que sí tiene las propuestas para salir de la crisis; es absurdo que las tenga ahora y no las tuviera hace unos meses, cuando el candidato formaba parte del gobierno que ha gestionado la situación. “Cada momento tiene su actuación”, viene a decir Rubalcaba, para hacernos ver que lo que no se podía hacer hace cuatro meses, se podrá hacer dentro de dos. Pero la situación es esencialmente la misma, si no peor, por lo que ese mensaje solo puede complacer a aquellos que estén dispuestos a no hacer un examen, levemente riguroso, de lo que ha sucedido en estos tres últimos años. El resto de formaciones políticas de la izquierda institucional, parlamentaria y extraparlamentaria, aún siendo improbable que puedan acceder y alcanzar una cuota de poder en el parlamento, tampoco podrían acometer ninguna de sus propuestas político-económicas, porque ahora más que nunca, es de manifiesta nitidez lo que la CNT venimos denunciando desde décadas: la clase política y sus partidos están al dictado de los mercados, la banca y los intereses económicos.
