El Juzgado de Primera Instancia de Berja admite a trámite una querella contra Mari Carmen Crespo actual delegada del gobierno en Andalucía y ex alcaldesa de Adra. La central anarcosindicalista denuncia prevaricación y delito contra el derecho de los trabajadores durante su mandato .
Desde el Sindicato de Servicios Públicos de CNT de Adra informamos que el Juzgado de
Instrucción de Primera Instancia de Berja ha admitido a trámite una querella contra
Mari Carmen Crespo por presunta prevaricación y delito contra los trabajadores.
El origen de esta querella está motivado por con el incumplimiento por parte del
consistorio del acuerdo suscrito en el SERCLA el 26 de septiembre del año pasado
acuerdo que puso fin al conflicto por la modificación de las condiciones de trabajo del
personal destinado a la limpieza de locales y edificios de competencia municipal.
Este acuerdo no solo regulaba el orden de entrada y salida sino también el periodo de
trabajo del personal fijo discontinuo que se estableció en ocho meses en vez de los
cinco meses que unilateralmente impuso el Ayuntamiento. Por otra parte corregía el
agravio comparativo que suponía la contratación de dos nuevas trabajadoras fijas
contraviniendo lo estipulado en el convenio colectivo que da prioridad, con la
conveniente oferta de empleo público, al personal fijo discontinuo para cubrir plaza de
fijo en esta área.
Estas contrataciones se realizaron a dedo presuntamente por Mari Carmen Crespo
cuando ejercía de alcaldesa de Adra con el objetivo de beneficiar a dos trabajadoras
afines al Partido Popular y con relación de parentesco con exconcejales de la
corporación municipal.
Lamentablemente el Ayuntamiento ha terminado incumpliendo lo suscrito y tanto las
trabajadoras T.P.V. como E.F.L. han continuado prestando sus servicios sin una
restricción temporal ya que prestan sus servicios durante todo el año y no en igualdad
de condiciones que el resto de , vulnerando de esta forma, los acuerdos suscritos en el
SERCLA sin que exista derecho o razón que lo justifique más que su afinidad y
parentesco con la corporación municipal lo que puede suponer prevaricación y un
delito contra los derechos de los trabajadores.
Desde la sección sindical de CNT en el Ayuntamiento se ha manifestado por diversos
cauces la vulneración de estos derechos y el agravio comparativo que supone la
postura adoptada por el consistorio sin que desde la corporación municipal se haya
rectificado. Ahora, tendrán que ser los tribunales de justicia los que diriman si los
responsables políticos que adoptaron estas medidas han incurrido en un presunto
delito de prevaricación y delito contra los derechos de los trabajadores al privilegiar a
unas trabajadoras frente a otras.
