Con la nueva crisis económica que empieza a arreciar tras la cuarentena, hemos perdido la cuenta de las sucesivas crisis económicas que ha sufrido la población trabajadora de este país y occidente en general (recordemos que en los países pobres están en crisis permanentemente): La del año 29, las dos del petróleo, la del 2008, cuyas élites financieras arrastraron a la clase trabajadora al empobrecimiento masivo mientras ellos multiplicaron sus ingresos , y ahora ésta derivada de la pandemia de la COVID-19.
Las continuas crisis del sistema capitalista se dan mientras se produce una cada vez más alta productividad, ocasionada por la constante modernización tecnológica y la robotización cuya consecuencia es el aumento colosal de ingresos de las empresas; a la vez que más empleo elimina, y, en consecuencia, más precariedad para LA CLASE TRABAJADORA a través de la subcontratación, del trabajo a tiempo parcial, alta temporalidad, trabajos por horas, falsas autónomas/os, trabajos sin contrato, minijobs, etc.
La pérdida de derechos y desprotección ha precipitado a vivir bajo el umbral de la pobreza y/o exclusión social a una enorme cantidad de personas. La cifra alcanza a 12 millones de personas, que no tienen la seguridad de poder alimentarse adecuadamente, pagar la energía que consumen, la vivienda, la educación de las hijas e hijos. Ejemplo vivo de esta realidad es la inmensa cola de hombres y mujeres para obtener una cesta de alimentos o la asistencia a comedores sociales. Aquí se pone de manifiesto la red de apoyo de gente solidaria que lo procura mientras las administraciones niegan.
La responsabilidad de este empobrecimiento generalizado es de los sucesivos gobiernos de la mano de las grandes empresas del IBEX 35 y la UE, que han basado sus políticas económicas en favorecer el enriquecimiento de esas grandes empresas y fortunas, con incentivos económicos de todo tipo, a través de la aprobación de las consecutivas reformas laborales o rebajas de impuestos generalizadas a los más ricos, mientras subían los impuestos indirectos que afectan a la clase trabajadora.
Al empeoramiento del mundo laboral hay que añadir las encadenadas privatizaciones y recortes en los servicios públicos como sanidad, educación y dependencia, que han provocado la reducción al mínimo estos servicios tan esenciales para la población más necesitada de ellos.
En cuanto a las prestaciones sociales las diferentes administraciones públicas establecieron distintos tipos de prestaciones de carácter no contributivo como son las diversas Rentas Mínimas de Inserción, las Pensiones No Contributivas (en diversas modalidades) y otros tipos de rentas y subsidios asistenciales. Con escasas cantidades a percibir (sobre 400 euros) y excesiva burocracia, tiempos de espera e investigación de recursos. En el caso de Andalucía, por ejemplo, para la Renta Mínima de Inserción, si accedes a ella, el tiempo aproximado de reconocimiento de dicha prestación es de año y medio.
Pues bien, ahora el gobierno ha puesto en funcionamiento el Ingreso Mínimo Vital, cuya cantidad es equivalente a la prestación de las Pensiones No Contributivas, pero que tiene una mayor cobertura que rentas mínimas o subsidios anteriores. Pero por otro lado, sigue manteniendo unas burocracias cuyos trámites se complican para buena parte de la población y que siguen dejando fuera a demasiada gente en situaciones de pobreza y pobreza extrema.
Las cifras de las que hablamos serían: 462 euros para una persona sola, 1015 como máximo para una familia, aproximadamente 850,000 familias serán las beneficiarias. En total 2,3 millones de personas. Es decir, pese a suponer un avance respecto a anteriores prestaciones respecto al número de personas a las que cubre, se quedaría corto en las cuantías además de dejar fuera a muchos miles de personas en situaciones de precariedad y pobreza.
Miles de personas que viven en condiciones de pobreza energética, escasez de alimentos, dificultad o imposibilidad de pagar alquileres o hipotecas, pobreza infantil, escasos de recursos para pagar facturas o gastos imprevistos, se quedarían sin este Ingreso Mínimo Vital. Incidiendo en esas capas de población que viven en situaciones de pobreza extrema en barriadas enteras, asentamientos o chabolas, donde muchas veces falta electricidad o agua en estos últimos. Como es el caso de muchas personas migrantes que ante la ausencia de papeles y regularización les hace estar fuera de cualquier ingreso mínimo que les pudiera llegar, siendo las que más lo necesitan.
Ante esta situación toda la clase trabajadora, nativa o extranjera, a través de la organización y movilización continua debemos decir basta a este estado de cosas y exigir nuestros derechos. Por todo ello desde la CNT exigimos:
– Reparto de la riqueza a través de reparto del trabajo existente. Con una reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales, además de fomentar y continuar con el teletrabajo en las actividades donde se recomiende.
– Atender a los trabajos esenciales para la comunidad. Esto es, creación de empleo en el sector de servicio a la dependencia y de cuidados en el hogar, aumento del número de residencias públicas dignas de ancianos, guarderías públicas accesibles, contratación de personal e incremento de recursos en los sectores de la sanidad y educación públicas. Creación de empleo y recursos también en el cuidado de la naturaleza y protección del medio ambiente.
– Especial atención al sector agrario y la mejora de las condiciones en las contrataciones y laborales de las personas jornaleras, a través de mejoras y actualizaciones de los Convenios Provinciales y regularización de l@s trabajadoras/es migrantes del campo, donde se localizan enormes focos de pobreza extrema en asentamientos e infraviviendas.
– Establecimiento de una Renta Básica Universal, suficiente e indefinida para acabar con la espiral de la pobreza y pobreza extrema. Una renta con la cual cubrir las necesidades de alimentos, vivienda, energía, cuidados.
– Políticas de viviendas sociales a precios asequibles para las clases populares, así como la reducción del precio de la energía.
Sabemos que hay recursos de sobra para atender a todas estas necesidades básicas para la vida:
– En la evasión fiscal. Según GHESTA, el sindicato de inspectores de Hacienda, en este país, los grandes empresarios evaden al fisco cada año unos 100,000 millones de euros, fraude que corresponde en más del 70% a las grandes corporaciones empresariales.
– Escondido en paraísos fiscales. Lo que esconden las grandes fortunas y empresas en paraísos fiscales ascienda a la cantidad de 140,000 millones de euros. De los 30 grandes fondos de inversión que tienen presencia en el IBEX 35, el 80% lleva los ahorros a paraísos fiscales.
– Oculto y escamoteado en las famosas SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable). Este instrumento es doblemente cruel pues, de un lado lo ocultan para no contribuir a generar riqueza e introducir mejoras en la vida de la gente, y, de otro, por el irrisorio tipo impositivo del 1%, mientras las trabajadoras aportan hasta un 20% en el IRPF.
– Invertido en presupuestos como el de Defensa. Para el pasado año 2019, ascendía a, aproximadamente, 9000 millones de euros. Esto sin contar lo transferido para operaciones exteriores y programas de modernización, además de los 140,000 millones que el estado tiene proyectado invertir hasta 2030 en 346 carros de combate.
– Sosteniendo a la Iglesia Católica. El estado le destina, según asociaciones como Europa Laica, la cantidad de unos 11,000 millones de euros anuales, repartidos entre subvenciones, conciertos con colegios religiosos, conciertos con hospitales, exención fiscal como el IBI y bonificaciones tributarias, profesores de religión…etc.
– Rescatando bancos y empresas. Desde el año 2008 sabemos que lo entregado a la banca asciende a unos 100,000 millones de euros. Pues bien, ya es hora que lo devuelvan
– En gastos a fundaciones o asociaciones que difunden ideas contra los derechos de la humanos, como FAES o la Fundación Francisco Franco, desde donde se promueve la ideología fascista. La primera recibió entre 2006 a 2015 la nada desdeñable cantidad de 26 millones de euros.
Ahí está buena parte del dinero que sale de los impuestos que pagamos y de la fuerza del trabajo. Ya es hora de realizar una reforma fiscal progresiva, donde el modelo impositivo grave sobre todo a las grandes fortunas, y en general a los que más tienen, y no al revés, como sucede hasta ahora, que el 80% de la Hacienda Pública se nutre de las rentas del trabajo.
Es hora de destinar recursos a las verdaderas actividades y trabajos esenciales que sostienen la vida, además de un verdadero reparto de recursos hacia las personas trabajadoras y las clases populares a través de una auténtica Renta Básica Universal. El IMV a pesar de haber aumentado el número de personas a las que llega, sigue quedándose muy corto en cuantía y dejando fuera a muchas personas que no pueden esperar más a recibir unos ingresos suficientes para la vida.
