NOSOTRAS | Infografía: CNT | Extraído del cnt nº 429.
Si las mujeres que gestan lo hacen por necesidad económica, solo quienes tienen dinero pueden permitirse reivindicar el ‘derecho’ de ser padres y madres y las empresas intermediarias son las que se lucran, ¿hablamos de maternidades subrogadas o de un nuevo hito en la explotación del sistema?
En la práctica de alquilar vientres o como lo llaman sus partidarios, maternidad subrogada, hay muchos debates. Uno de ellos sería el por qué los Estados van a tener que legislar lo que una mujer puede o no puede hacer con su cuerpo. De primeras, no habría justificación para poder hacerlo. Mujeres adultas, con plenas facultades mentales, conscientes y dueñas de su destino. Como tampoco existe justificación para regular la interrupción voluntaria del embarazo o la esterilización a petición propia. Pero hay legislación. Leyes que tutelan a las mujeres, que las infantiliza, que las medicaliza, que deja su voluntad (e incluso su propia salud) como un elemento más en lugar de ser el principal.
En las decisiones sobre el cuerpo de la mujer, en estos y otros ejemplos, pesan muchas más cosas por encima. El interés general —con todas las derechas justificando cualquier recorte de derechos con el escudo de «las familias», la demografía, el envejecimiento de la población, hasta la xenofobia con supuesta «invasión» de otras culturas que tienen más descendencia— nos arrolla. En los vientres de alquiler sucede algo similar. Está la competencia de la mujer de decidir qué hace con su cuerpo y está el también supuesto «derecho» a ser padres, muy discutido. Pero sobre todo está la economía. Una actividad que se calcula que genera 5.000 millones de dólares al año (solo en las transacciones legales) no se puede permitir el lujo de mirar la ética ni perderse en debates legales. Y no lo hacen.
El altruismo que no existe, existe la necesidad
Aunque la industria habla de casos especiales y motivaciones altruistas, la realidad es que la mayoría de las mujeres que gestan para otros tienen una situación económica mala, mientras que la mayoría de las parejas que recurren a este mercado tienen poder adquisitivo. Los intermediarios en estos casos tienen nombres como «agencias», «comerciales» y cuanto más pagan, los «contratantes», más puedes hacer como elegir el color de la piel del bebé o tener garantía de devolución en caso de enfermedad. La lógica capitalista está detrás de todo un negocio multimillonario y en auge que nada tiene que ver con la solidaridad.
Estas son las cifras que ha logrado perfilar la abogada experta en Derechos Humanos Núria González en su libro Vientres de Alquiler (LoQueNoExiste, 2019). De los pocos textos que hacen un estudio profundo de la situación a nivel global y, en concreto en España, ya que la alegalidad de este negocio en la mayoría de los países hace muy difícil seguir la pista. Sobre todo al dinero. Mientras que no hay registros oficiales de cuánto cuesta la transacción o de cuánto se remunera a la madre —ya sea por contrato mercantil o por ayuda a los costes de la gestación, el eufemismo para considerar altruista el intercambio—, solo se saben pinceladas. Casos concretos.
«¿No hay una forma de que una pareja o una persona sola pueda ser madre, padre, sin aprovecharse de la mala situación de una mujer? La respuesta es clara: la adopción»
González recoge varios de estos contratos en los que se le pide a la pareja que quieren un bebé entre 39.000 y 49.000 euros por el proceso. De esa cifra, tal vez 10.000 o 12.000 euros irán para la mujer que va a gestar y parir al bebé. ¿Qué pasa con el resto del dinero? Los intermediarios saben que aunque es poco dinero en porcentaje, para las mujeres de países empobrecidos o con una brecha muy grande de riqueza es una fortuna. En Ucrania, por ejemplo, donde el salario medio es de 400 euros al mes saben que no les faltarán candidatas. Mujeres que con ese dinero podrán ayudar a sus hijos, que podrán hacer frente a una situación económica desfavorable y puede que sea la única fuente de ingresos de toda su familia.
Legale, alegal, prohibido
En algunos casos se les llega a pedir hasta 86.000 euros y así poder elegir a la mujer en un catálogo, decidir sus hábitos durante la gestación y tener un seguro en caso de que el bebé no esté sano. Garantía de devolución, se podría llamar. Porque hay países que no solo miran para otro lado en el caso de estos intermediarios sacando provecho del sufrimiento ajeno, si no que también ellos quieren su parte del pastel. Es el caso de Georgia o de Ucrania, que si bien es más caro para las parejas, advierten las agencias, pueden contratar más «extras» en sus servicios. Otros países donde reconocen esta práctica son EEUU, Canadá, Australia, Grecia o India entre otros. Todos ellos han legislado, en un sentido o en otro, que esta práctica pueda ser legal. Todos ellos promueve la seguridad jurídica de los compradores pero no todos ni la de la madre ni de los bebés.
¿Qué pasa con la madre o el bebé si este no es sano? ¿Qué pasa si, como con las adopciones, la madre quiere criar a su hijo? ¿Qué pasa con ellos si los compradores en el último momento se echan atrás? ¿Qué pasa si cambia la legislación del país de los compradores y ese bebé ya no puede ser ciudadano del otro país? ¿Qué pasa si la agencia se declara en bancarrota y deja el proceso a la mitad? Algunas legislaciones responden a esto y limitan mucho el uso de esta práctica. A veces para asegurar que no se aprovechen las necesidades de las mujeres que van a gestar y otros para asegurar el futuro del bebé. Pero otras legislaciones son restrictivas con argumentos difíciles de validar como la prohibición a parejas homosexuales o individuos no casados, otros con el veto a que sean de otras nacionalidades.
El caso español, una pareja en paro
Esta última podría llegar a entenderse para asegurar que todo el proceso está dentro de una legislación más o menos garantista con los derechos humanos. Es el caso de Reino Unido que solo permite a nacionales o Grecia, para la que se necesita un permiso de un tribunal para llevarla a cabo. Portugal, por su parte, solo lo permite en caso de parejas heterosexuales que por causas médicas no puedan hacerlo, asegurando el altruismo del caso. Otros estados miran para otro lado mientras estas agencias paguen impuestos, como México. Otros han visto el potencial de desastre humano que pueden llegar a ser y han frenado la práctica ante las denuncias de violaciones de los DDHH, como Nepal o Tailandia.
¿Y España? Este estado es uno de los que exporta compradores e importa niños. En concreto, las agencias llevan a los españoles mayoritariamente a EEUU (sobre todo a la ciudad con el contraste de rentas más duro, como es Los Ángeles) y a Ucrania. Y no son pocos. Hasta 553 se registraron del primer país entre 2010 y 2016 y 231 inscripciones de niños registrados en Ucrania. Estos dos estados suman entre los dos el 78 % de los casos de bebés que se logran inscribir en los registros de forma oficial y que provienen de esta transacción. Una situación compleja, ya que está prohibida en España, pero las agencias buscan la vuelta para que sea posible. Poniendo entre la espada y la pared a la legislación para no dejar abandonados a los bebés o haciendo que también las mujeres españolas puedan ser explotadas para este fin. Un diario nacional pudo hablar con una mujer que viajó a Ucrania para inseminarse, gestar y dar a cambio de dinero al bebé. Aunque la familia que pagaba asegura que lo hizo por ser una «buena amiga», la mujer gestante que cobró 18.000 euros por hacerlo lo dejó claro:
«Tuve dos razones para hacerlo. Obviamente por dinero, mi marido y yo tenemos una niña y estábamos en paro. Y también para ayudar a una amiga y a su novio, que no pueden tener hijos porque ella tuvo un cáncer que la dejó estéril y estaban buscando una madre gestante que fuera española, de confianza y que ya hubiera tenido algún hijo».
En este y otros casos cabe plantearse: ¿No hay una forma de que una pareja o una persona sola pueda ser madre, padre, sin aprovecharse de la mala situación de una mujer? ¿Sería posible un sistema en el que un hogar tenga bebés y a la vez cumpla una función social? ¿Sería posible garantizar que no nacen niños que luego pueden ser rechazados o que no van a tener el hogar prometido? ¿Sería posible dar un hogar a niños y niñas que ya lo necesitan sin que nazcan otros? La respuesta es clara: la adopción. Facilitar los procesos de adopción y acogidas, de manera segura tanto para las familias como para los y las menores es la respuesta. Dejando, de nuevo, agencias con ánimo de lucro fuera y sin que las mafias fueran a buscar en países pobres «oportunidades» de negocio. Una respuesta que deja fuera al capitalismo y por eso es tan difícil de desbloquear en muchos países.
La entrada Vientres de alquiler, una cuestión capitalista se publicó primero en Confederación Nacional del Trabajo.
