Para intentar comprender la situación actual de la sanidad pública andaluza debemos hacer un poco de historia. Las privatizaciones tienen un largo recorrido que empieza a finales del siglo XX.
La Ley General de Sanidad no permitía la gestión por parte de empresas privadas de los recursos públicos sanitarios o sociosanitarios. Por esa razón, en 1997, PSOE, PP, PNV, CC y CiU aprobaron la Ley 15/97 de “Nuevas formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud”. A partir de su entrada en vigor, se sucedió la apertura de centros sanitarios gestionados por empresas privadas mediante concesiones por décadas. Paralelamente, se fueron desmontando los centros públicos de “gestión directa” y consecuentemente detrayendo dinero de la gestión directa, para pagar los cánones de estas empresas privadas. A ello se añadió la proliferación de empresas privadas para prestar servicios dentro de nuestros Centros (Limpieza, Transporte Sanitario, Mantenimiento, etc.), así como la instauración de las Unidades de Gestión Clínica.
Paralelamente, mediante el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, se permitió, mediante los “conciertos”, la parasitación del sistema público. Ideado para que los hospitales privados “complementaran” a los públicos excepcionalmente, ha sido la estratagema para dirigir el dinero público a los bolsillos privados, mientras los centros públicos mantenían infrautilizadas alta tecnología sanitaria, camas, quirófanos, etc.
Los partidos que integran el actual gobierno han rechazado hace pocos meses una ILP para revertir la privatización sanitaria. El poder del lobby sanitario privado y su capacidad para conseguir medidas políticas que les favorezcan es inmenso. Vista su capacidad para comprar voluntades en todo el espectro político, no tiene sentido esperar que la clase política vaya a poder (y ni siquiera intentar) cambiar el rumbo de privatizaciones que día a día se suceden.
En Andalucía, es ahora la atención primaria la que cae bajos las garras del negocio sanitario. Ante el colapso de la sanidad pública andaluza, creado por los propios gobiernos que se han ido sucediendo, la solución que adopta el PP es la de introducir a las clínicas privadas en la atención primaria.
Y se seguirán produciendo privatizaciones hasta que la sanidad pública quede sólo como beneficencia. Si continúa la coexistencia de un servicio privado, subvencionado, y de uno público, infrafinanciado, éste se reducirá a un servicio para pobres. Sólo la supresión de esos conciertos permitiría dedicar ese dinero a la reapertura de las camas y servicios que han sido cerrados en los últimos años y al aumento de plantillas sin tener en cuenta la tasa de reposición. La atención primaria debe de ser no solo reforzada, sino que tiene que recuperar las actuaciones contra los productores de enfermedad, primando siempre el principio de precaución. Se debe de dedicar a ella, como mínimo, el 25 % del presupuesto sanitario de cada territorio, incluyendo atención integral a la reproducción y a la sexualidad, así como atención odontológica y gerontológica.
Hay responsables: políticos que aprobaron la Ley 15/97 o la están manteniendo, sindicatos domesticados que no han defendido el interés general, empresas y fondos de capital riesgo que se han estado lucrando con estas privatizaciones, jueces que no han visto ningún problema en las leyes que desmontaban la sanidad,….y la gran mayoría de la población que se mantuvo en silencio mientras todo esto ocurría pensando que no le afectaba.
Ahora ya no queremos promesas de blindaje en la Constitución, ni comisiones parlamentarias, ni libros blancos para “reconstruir la sanidad”….elaborados por los mismos que nos han llevado a esta situación. Este es un problema de todos y todas. Es el momento, y la responsabilidad es nuestra. Estamos obligados a salir a la calle. No un día, ni dos, sino todos aquellos que sean necesarios para obligarles a blindar la sanidad, revertir lo privatizado, expulsar al ánimo de lucro de la atención sanitaria, establecer un sistema digno de cuidado de nuestros mayores. Para centrar el sistema en la prevención, y en la actuación contra los productores de enfermedad, es decir, para prevenir lo que no sabemos curar. Para que nuestro dinero se dedique a garantizar el interés general y no a incrementar los beneficios de las empresas sanitarias.
Por todas estas razones, la CNT de Andalucía-Murcia apoya las movilizaciones convocadas en las distintas provincias el próximo 25 de marzo. Pero sabiendo, no obstante, que es necesario seguir trabajando entre todas para obligar a la clase política a defender los derechos de todas las personas y no los de los accionistas del negocio de la salud.
Por una sanidad pública, universal, y con gestión democrática:
- Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad.
- Rescate de todo lo privatizado.
- Atención primaria centrada en la salud colectiva.
- Supresión de redes paralelas.
- Incompatibilidad público-privada.
- Fuera las empresas de la sanidad.
- Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.
- Sanidad para todas, independientemente de la situación administrativa.
- Cuidados de nuestros mayores con dignidad
- Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.
