ANA SIGÜENZA | ILUSTRACIÓN: EMEZETAEME | Extraído del cnt nº 420
Hoy día, los hogares
trabajadores se encuentran con tesituras inviables, sin poder pagar los
cuidados requeridos. No estamos pudiendo adaptar el apoyo informal a los
cambios sociales. Otra presión más para que la mujer vuelva a los cuidados,
atajo a un incierto futuro. La abnegación mediterránea, la microsolidaridad
familiar de hijas, madres y abuelas no tendrá continuidad generacional.
Para la mayoría de la
gente trabajadora, los cuidados representan un gran reto, un quebradero de
cabeza, pero -bien planteados- pueden ser una oportunidad, también con la
profesionalización de los mismos y la universalización de estos servicios.
La protección
La migración a las
ciudades -y el capitalismo industrial- aumentaron las necesidades y
disminuyeron los recursos disponibles, especialmente, los mecanismos naturales
de solidaridad anteriores. La sistematización llegó con las sociedades industriales, si
bien no desaparecieron la caridad o la filantropía.
Los cuidados abarcan
población de todas las edades, integrados en una intervención más global de
respuesta a necesidades más o menos permanentes de apoyo, susceptibles o no de
evolucionar, orientada a garantizar calidad de vida.
Derechos actuales antes
fueron “gracias” o “favores”. Las revoluciones consiguieron ese salto
cualitativo. De todas, la presión del movimiento obrero fue la más decisiva, pero
no todos los sistemas de protección alcanzaron el mismo nivel de cobertura: el
derecho a la educación es más universal que la protección a la dependencia, por
ejemplo.
No todos los sistemas de protección alcanzaron el mismo nivel de cobertura: el derecho a la educación es más universal que la protección a la dependencia.
En lugar de
universalizarse más derechos, se desmonta nuestro incipiente Estado del
Bienestar y, junto con la falta de presión del movimiento obrero y la
desidentificación de la clase trabajadora, el capitalismo lo ha tenido fácil: los
sistemas de protección existen como yacimientos que explotar por los
depredadores del sector público, mientras cierta población aplaude su privatización.
Los derechos de las
personas receptoras de cuidados son compatibles con los de las personas
profesionales, pero ninguno de ellos puede ser garantizado sin incluir en la
ecuación al sistema público.
Respuesta a la dependencia y profesionalización
La profesionalización de
los cuidados requiere conocer y aplicar el avance científico del campo social
dirigido a respetar derechos y necesidades de las personas atendidas.
Los modelos de intervención comenzaron a cambiar en los años 70. Personas antes consideradas enfermas o deficientes (modelo clínico) pasaron a educables (enfoques educativos, socioeducativos y psicosociales). También sustituimos conceptos como deficiencia y minusvalía por discapacidad y diversidad funcional. Situar la discapacidad, como resultado de la interacción entre dificultades personales y apoyos disponibles, es un acierto estratégico esencial: centrarse en el apoyo y no en las limitaciones. Lo asistencial perdió influencia.
De este modo, criaturas con
discapacidad -antes marginadas- pasaron en los 70-80 a centros educativos.
Desde los 90, la etapa de 0-6 años es considerada educativa, también. No
obstante, los gobiernos reaccionarios siempre intentan devolverla a lo
asistencial, mucho más lucrativo.
En cuanto al resto de
colectivos, la filosofía y la metodología de intervención dieron un enorme
salto cualitativo, al basarse en un enfoque
multicausal, en la intervención
centrada en la persona y en el modelo
de calidad de vida. Estos tres aspectos son de enorme trascendencia.
El enfoque multicausal parte de concebir al ser
humano como un todo, con interdependencia de aspectos biológicos, psicológicos
y sociales, integrado en un entorno económico y político, que determinará en
gran parte la satisfacción de sus necesidades. Así cualquier problema en un
aspecto, repercutirá negativamente en otro y a la inversa: mejorar un aspecto, mejorará
el resto.
La intervención centrada en la persona consiste en la personalización,
en la individualización: dar los apoyos necesarios para una vida lo más
autónoma posible, para que la persona pueda satisfacer todas sus necesidades, respetando
su autodeterminación. De ahí la obligatoriedad de que cada persona atendida
tenga su propio Programa Individual de Atención (PIA), contra la
estandarización del trato.
Esta autodeterminación es la capacidad y el
derecho de una persona para actuar libremente y tomar decisiones propias,
asumiendo sus consecuencias. Ella, junto con el bienestar subjetivo son factores indispensables de calidad de vida.
Tener calidad de vida implica
satisfacer ocho tipos de necesidades: Bienestar emocional, material, físico,
relaciones interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión
social y derechos. Como vemos, lo físico es una mera parte, no el todo.
La intervención centrada en la persona consiste en la personalización, en la individualización: dar los apoyos necesarios para una vida lo más autónoma posible.
Junto a las definiciones
de dependencia y autonomía, nacieron sus clasificaciones internacionales, como la
CIF (Clasificación lnternacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la
Salud), base de la “Ley de Dependencia” (Ley de Autonomía Personal y Ayuda a la
Dependencia, LAPAD).
Equipamientos, servicios
y personal han de adaptarse a los nuevos paradigmas. En 0-6 años, el 99% del
personal es
educativo o socioeducativo. Pasamos de guardería
(asistencial) a escuela infantil
(educativo).
En el resto de sectores y
colectivos, las nuevas respuestas (centros de día, ayuda a domicilio, viviendas
tuteladas…) implican una nueva filosofía de organización, de ahí nuevos
perfiles profesionales, también. Su deontología debe partir de los derechos de
destinatarios. En otras palabras: que la persona cuente con los apoyos
necesarios para que pueda seguir con su
vida, no sólo ¡con vida! Por
fin….
Ah!, pero en España, el
corporativismo sanitario y los intereses empresariales hicieron la pinza,
obstaculizando todo lo posible la implementación de este avance: Bastantes
equipamientos seguían dirigidos por médicos y casi todo el personal era
sanitario, a diferencia de educación.
Una contradicción que
pagan las usuarias: Equipamiento social, pero cultura interna hospitalaria. En
la profesionalización, lo sanitario resistió e invadió el contexto psicosocial,
impidiendo lo contrario. El derecho de la persona a una intervención respetuosa
con su calidad de vida se vio perjudicado. Mantenerla con vida, pero sin su
vida.
Es patente la diferencia
de cultura profesional entre ambos campos: Para lo social, tener una enfermedad
es un rasgo más, como gustos, familia,.. Se dice: tiene una enfermedad, no es
un enfermo. Tiene discapacidad, no es discapacitada. Pero, claro, el
asistencialismo centrado en lo físico es más rentable y fácil de privatizar.
La concreción de la profesionalización
Ya se habían empezado a
implementar servicios como el de la Ayuda Domicilio (SAD) por parte de
municipios o diputaciones. Y, a pesar de estar bastante privatizada, había
buenos modelos, como Getafe o Barcelona. Buenos, porque aplicaban los principios
referidos, ejercían su papel (como Administración Pública) de selección,
formación, seguimiento y control del servicio. La formación inicial de las
trabajadoras era hasta de 300 horas previas. La persona usuaria tenía su programa
individualizado, preventivo, rehabilitador, educativo y asistencial. Esta ayuda
especializada incorporaba técnicas de intervención en atención personal,
doméstica, social, educativa, psicológica y de relaciones con el entorno. Las intervenciones
eran programadas, supervisadas, evaluadas y reprogramadas sistemáticamente. En
Getafe, además, se potenció a las vecinas para que constituyeran la asociación
que prestaría el servicio (AGAD). Mucha más dignidad que lo ocurrido después.
A pesar de que los servicios estaban bastante privatizados, había buenos modelos, como Getafe o Barcelona.
En formación, como parte
de la profesionalización y dignificación de estas profesiones se vio la
necesidad de contar con la FP, que en 1990 organizó los perfiles profesionales
no universitarios en niveles de cualificación de la Unión Europea (UE).
Afortunadamente, se mantuvo en línea con el paradigma internacional y el
encuadre de estas actividades económicas en Europa: Separó el campo sanitario
del de Servicios Socioculturales y a la Comunidad (SSC).
En SSC quedaban situados
los sectores: educativo, socioeducativo y sociosanitario. Se crearon varios
títulos de grado superior, junto con el primero sociosanitario medio: Técnico en Atención Sociosanitaria (2003).
Sus 2000 horas de formación y su evaluación en situación real de trabajo,
totalmente adaptadas al paradigma.
En 2003 la Comisión
Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) ratificó esta organización del
campo profesional SSC en cuatro áreas, siendo una de ellas: Atención e integración social. Así en el
nivel 2 se reconocieron, además del mencionado título, tres cualificaciones y
sus certificados de profesionalidad: Atención
sociosanitaria a personas en el domicilio, Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales y Gestión de llamadas de teleasistencia.
En 2006, la LAPAD, ley
de “dependencia”, distinguió por primera vez tres figuras: Cuidadores profesionales, asistentes personales y cuidadores no
profesionales. Al fin se lograba la visibilización y la cotización a la S.
Social de cuidadores/as no profesionales.
Los profesionales debían
tener en 2015 su cualificación o certificado de profesionalidad, para trabajar
en el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Bastante plazo, pero
difícil, pues la mayoría carecía de acreditación sociosanitaria: Sobre todo mujeres,
alto porcentaje de inmigrantes, con pocas credenciales educativas o, bien, no
homologables en España.
En 2009, tomando como
base la Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional de 2002, se
reguló la acreditación de la competencia
profesional adquirida por experiencia laboral y vías no formales de formación.
Este procedimiento gratuito y único de evaluación y acreditación, implicaba
convocatorias de las Administraciones. Podían acreditarse partes de un título
de FP o de un Certificado de Profesionalidad.
En 2010 ya estaban
preparados los agentes (casi todos, empleados públicos en activo de Trabajo y
Educación autonómicos). En ese año -o antes- gran parte de las comunidades lo
convocaron.
Pero la Comunidad de
Madrid llevaba 9 años de boicot a la LAPAD. Obstáculos para personas con
dependencia y sus cuidadoras/es: un agravio comparativo ideal para los lobbies emergentes,
arrebatando competencias a los ayuntamientos, en detrimento del control y
seguimiento público del SAAD.
En 2014, la mayoría de
trabajadores por acreditar era de Madrid Región, los agentes públicos formados
en 2010 seguían esperando, y la Comunidad Autónoma hizo lo peor: privatizar el
proceso de acreditación a través de patronal y sindicatos institucionales.
Consecuencia: mercadeo de cursitos, ineficaces para capacitación, pero útiles
en servidumbre.
Cifras
Son necesarias para
mostrar la gravedad de la situación.
El SAAD se ha extendido,
pero con baja calidad, por infrafinanciación, gran variabilidad
intercomunidades, falta de control de empresas y la insuficiente e inadecuada
formación del personal. Este SAAD de bajo coste (low cost) repercute en la calidad y la ética de servicio. Baste decir que el empleo nuevo es un
33% temporal. Muy atractivo para las corporaciones que sólo están interesadas
en el fácil apoyo físico o asistencial, mientras que margina al resto de
colectivos que requieren otro tipo de apoyo.
No podemos hablar de
verdadero sistema con 15 leyes autonómicas de Servicios Sociales y gran disparidad entre comunidades,
no sólo por financiación, sino por modelos de gestión, incluso, profesionalización.
En el SAAD, el Estado sólo pone un 20%
del 50% acordado. Las autonomías están asumiendo el 80%, de ahí la
disparidad.
Según la Asociación
Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en 2018 teníamos millón
y medio de personas con dependencia reconocida y 130.000, por valorar: El 3% de
la población necesita apoyo para sus Actividades Básicas de la Vida Diaria. Más
de la mitad son mayores de 80 años. 70%, mujeres. La pensión media de las mujeres
en España es de 785 €. 250.000 personas
dependientes no reciben nada. En 2018, 30.000 de ellas murieron sin sus derechos de atención, o sea,
80 diarias. ¡Cien mil! personas con los mayores grados de dependencia no tienen
ni Programa Individual de Atención (PIA), esencial para una vida digna, tanto
para ellos y como para sus familia.
En 2018 teníamos millón y medio de personas con dependencia reconocida y 130.000, por valorar.
Con la denominada por
los expertos “demolición del SAAD” (2012-15), se dejaron de generar o
mantener 30.000 puestos de trabajo. Se llegó a bajar el grado de dependencia ya
reconocido de personas con parálisis cerebral ¡! y se quitó el poquito avance
para cuidadores no profesionales.
Hoy, la persona usuaria
no puede elegir, no hay inspección, ni control que merezcan tal nombre. Las usuarias
están indefensas ante la Administración en sus reclamaciones de dependencia.
Si la mayoría de las
personas dependientes ingresan menos del SMI. ¿Cómo se pueden pagar los
cuidados? Imposible. No es posible autofinanciar los cuidados y si se pide
valoración de dependencia, que llega tarde, cuando la situación ha empeorado,
lo normal es que se ofrezca lo menos inclusivo y mayor negocio: Residencia. Pero
hay más opciones, claro:
-SAD: Si se queda
en su domicilio (normalmente, solo), se le asigna SAD y teleasistencia, quizás con
un vergonzoso copago. ¿Sus necesidades están cubiertas con 1 hora? y, ¿sin
lavar hasta las 12 porque es lo asignado? Lo cierto es que las trabajadoras del
SAD han recibido menos formación inicial que hace 15 años, pueden tener un
contrato de 30 horas y trabajar 40, al no contar bien desplazamientos de un
servicio a otro. Las subrogaciones, constantes. Sus enfermedades y riesgos
profesionales, también. En positivo: pocos casos de mala praxis, independencia
económica y derechos para
la trabajadora, la usuaria permanece en su entorno. Negativo: Insuficiencia y
desaparición del contacto con Trabajadores Sociales de zona.
-Centro de Día: La
solución Centro de Día no funciona si la casa no es accesible (barrios obreros). Así llegamos a otra
encrucijada: residencia o contratación directa.
-Residencias privadas
y concertadas: Cada día se parecen más a campos de anulación, incluso en
estancias temporales. En lugar de apoyo respetuoso no es raro encontrar
demasiado abuso de medicación, sujeciones y cuidados perjudiciales para
autonomía-dignidad. Despiden a profesionales éticos y se quedan los sumisos. Frecuente
connivencia con el poder: ausencia de inspección, de sanciones. Se tapan las quejas.
Los residentes tratados -a veces- como incapacitados judiciales: despojados de
sus derechos ciudadanos al ingresar. Y es sólo la punta del iceberg de la mala
praxis.
-Contratación directa:
Desgraciadamente, aquí no existe un banco o registro de trabajadores/as del
SAAD, acreditados, con garantías mutuas y financiación mayor o menor como en
otros países. No, aquí las empresas concertadas para “el cheque” funcionan como
ETTs, encarecen, no se responsabilizan del servicio, pero sí de llevarse su buena
comisión. Con la inmigración, está siendo una salida laboral para mujeres con
escasa formación acreditada. Siendo un tema complejo, no es infrecuente la mala
praxis. La utilización de contratos de servicio doméstico es una perversión
doble: no presupone profesionalización y desprotege claramente a trabajadoras y
trabajadores (sin derecho a desempleo y con cotizaciones ínfimas). Por
desgracia, no todo este colectivo reivindica la incorporación al Régimen. General,
por el asunto del IRPF. A río revuelto,….
Como conclusión, urge la
profesionalización, la separación de los cuidados del empleo doméstico, sin
más, y la asociación o autogestión de cooperativas de cuidados, evitando
intermediarios, con garantías bilaterales. Hay pasos en este sentido, pero no
los suficientes.
Sin profesionalización,
no hay promoción laboral, por ello es inaplazable la regulación y renovación de
los perfiles profesionales idóneos para llevar a cabo los cuidados.
Urge la profesionalización, la separación de los cuidados del empleo doméstico, sin más, y la asociación o autogestión de cooperativas de cuidados, evitando intermediarios, con garantías bilaterales.
Podemos seguir
tirándonos la pelota pero, realmente, lo que hay que exigir es UNIVERSALIZACIÓN
YA, como en educación o sanidad. De lo contrario, no podremos hablar de
verdadero sistema y durante mucho más tiempo seguirán llegando esas noticias
sobrecogedoras de mayores maltratadas por sus cuidadoras y de gente que muere
sola.
La entrada Avances y retrocesos en la profesionalización de los cuidados se publicó primero en Confederación Nacional del Trabajo.
