Es evidente que la Covid19 ha marcado el último año para toda la humanidad. Pero tras la crisis sanitaria, se han puesto de manifiesto con una gravedad sin precedentes los peores males de nuestra sociedad. Las desigualdades sociales y económicas han aflorado con tal virulencia que nos han mostrado la peor cara del actual sistema económico en el que vivimos. La crisis del Covid19 ha puesto en evidencia lo que llevábamos años denunciando: el sistema sanitario estatal está siendo desmantelado a la vez que sus partes más rentables están siendo objeto de negocio que se reparten entrefondos de capital riesgo, bancos y constructoras, los mismos que controlan el resto desectores estratégicos. La epidemia está sirviendo para aumentar las oportunidades de negocio. Todo es susceptible de generar dividendos: medicamentos, vacunas,logística, rastreadores, nuevos hospitales innecesarios (mientras muchos centros degestión estatal tienen partes infrautilizadas), etc. Podemos decir que la crisis sanitaria haservido para acelerar y empezar ya una crisis económica que se había de activar en pocosaños. Así, grandes empresas y multinacionales de toda índole han incrementado los despidosmasivos destruyendo empleo y acelerando la desindustrialización de nuestra economía, también crece la subcontratación, aplicando peores condiciones a la mano de obra, con el beneplácito de políticos y comités de empresa.
Mientras la mayoría de la población condena la gestión de la crisis y el sistema sanitario público está en shock, es innegable, como ya denunciábamos, que la pandemia ha sido una oportunidad de negocio para los de siempre, al tiempo que ha permitido dar una nueva vuelta de tuerca en el proceso de privatización de la sanidad. Lo que podía haber sido una oportunidad para rescatar la sanidad pública se ha convertido en negocio y espectáculo. Todo esto ocurre, además, cuando se hunden las condiciones de vida de millones de personas: se esperan nuevos recortes en las ya muy precarias pensiones públicas y se extiende la tragedia del paro masivo con su cortejo de desahucios, hacinamiento, cortes de luz, agua y gas por impagos y desesperación cotidiana en los barrios obreros; precisamente en los que se ceba la pandemia por el Covid19. Con lo que los determinantes sociales de la salud, vuelven a marcar de forma manifiesta y clasista las desigualdades en la morbimortalidad de la población.
Al mismo tiempo, los gobiernos de todos los colores están aprovechando esta situación para imponer medidas represivas que de otra forma tendrían una fuerte contestación social. Con la excusa del virus, han militarizado nuestras calles, y el control social de la población es un hecho que se ha incorporado a nuestra normalidad cotidiana con escaso cuestionamiento. La experiencia de otros países nos ha demostrado que, a mayor debilidad de los sistemas sanitarios, más necesidad han tenido de aplicarnos confinamientos medievales. Curiosamente hay dinero para todo este despliegue represivo, pero no para proveer a los centros sanitarios públicos de los recursos necesarios (espacios, personal, equipos de protección individual, etc…) para atender adecuadamente esta pandemia.
Queremos medidas sanitarias y sociales, no policiales.
Las enormes listas de espera y la falta de respuesta del sistema público han dado un nuevo empujón a cientos de miles de personas hacia los seguros privados. Durante la pandemia, los seguros privados han experimentado el mayor crecimiento de los últimos 15 años con casi 500.000 nuevas pólizas, hasta alcanzar 11 millones de personas que ya cuentan con asistencia sanitaria privada, el 23% de la población. Mientras, se estrangulan económicamente los centros de gestión directa de forma que ni los hospitales ni la atención primaria están pudiendo dar respuesta a las necesidades de atención de la población, al tiempo que se precarizan aún más las condiciones laborales de aquellas y aquellos que los medios de desinformación nos presentaban como héroes, a la vez que nos incitaban a salir a los balcones para aplaudirlos.
Con todos los partidos políticos de acuerdo, cada uno ha vuelto a su papel. La derecha ha aprovechado para degradar aún más los centros públicos privatizando cualquier actividad sanitaria; mientras, la izquierda institucional ha mirado para otro lado permitiendo que la derecha haga el trabajo sucio. En este punto nos reafirmamos: mientras el gobierno «más progresista de la historia» mantenga las leyes privatizadoras, nada de lo que hace a diario la derecha es ilegal, y continuará el desmantelamiento de la sanidad pública y el lucro privado.
En efecto, absolutamente nada del masivo transvase de dinero público al capital realizado en diferentes CCAA (construcción de hospitales innecesarios, cesión a empresas privadas del rastreo, las guerras comerciales por la primacía en las vacunaciones, pelotazos con fármacos innecesarios…) es ilegal ya que está sostenido por leyes de ámbito estatal que lo permiten. Mientras, la «izquierda del capital» se ha dedicado a las performances más variadas, dirigiendo la atención de la población hacia los ejecutores del desastre, ocultando hábilmente a quienes mueven los hilos del proceso de destrucción de la sanidad. Seguir haciendo teatro de calle contra la derecha para ocupar páginas de periódicos, no es más que una maniobra de distracción.
La única forma de recuperar el sistema sanitario público es obligar a todos los partidos a blindar la sanidad contra el ánimo de lucro, y potenciar la atención primaria y la salud pública. Todo lo demás es puro espectáculo para autocomplacencia. Ahora anuncian 8.000 millones de euros de los fondos de la UE, dicen que «para reforzar los servicios públicos», cuando lo previsto es que se destinen a la «colaboración público-privada». Ese eufemismo, que ya conocemos bien, significa que, si no lo evitamos, la sanidad pública seguirá agonizando, mientras que las grandes corporaciones serán las principales beneficiarias del fondo europeo de recuperación económica. Un inmenso bazar está en marcha.
No podemos seguir haciendo mala medicina. Hay que actuar sobre las causas de raíz y abrir un debate en todo el Estado sobre el modelo sanitario que queremos, que debe empezar por garantizar la asistencia sanitaria de calidad para todas las personas, democratizando el sistema y centrándolo en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad. El colapso y la falta de respuesta del sistema sanitario ante la crisis del Covid19 no son gratuitos, son el resultado del proceso de privatización en marcha y de décadas de infrafinanciación del Sistema Nacional de Salud. Por ello defendemos el blindaje del SNS de cualquier interés privado, su financiación suficiente, y la derogación de las leyes que permiten el trasvase del dinero de nuestros impuestos a todo tipo de empresas privadas.
La privatización de la Sanidad es legal en base a dos leyes de ámbito estatal: los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que permiten derivar a los pacientes a la privada mediante conciertos y convenios singulares; y la Ley 15/97, que permite que un centro público pase a ser gestionado por empresas privadas por décadas. Todas las leyes de ordenación sanitaria autonómicas son subsidiarias de las leyes estatales (Ley General de Sanidad y Ley 15/97), y han introducido también la gestión privada en sus territorios.
Sólo la derogación de estas leyes estatales permitirá blindar la sanidad en todas las autonomías. La privatización es legal y detrás de ella se esconde el trasvase de miles demillones de euros todos los años a empresas privadas, lo que lleva al colapso alsistema público. La única posibilidad de evitarlo es la movilización en la calle y en los centros de trabajo contra todos los partidos políticos que defiendan la gestión y el lucro privados de la sanidad.
Los hospitales privados tienen mayor mortalidad. La evidencia científica demuestra que la mortalidad se incrementa al ser atendido en un hospital con ánimo de lucro: un 9,5 % en recién nacidos, un 2% en adultos, y un 8 % en crónicos. Esto es así porque los hospitales privados emplean menos personal, recortan gastos de hospitalización y reducen las estancias de los pacientes para poder repartir beneficios entre sus accionistas (los inversores esperan un 10%-15% de retorno de su inversión). Incluso con el dinero que actualmente se dedica a sanidad, es posible mantener un sistema sanitario público que atienda a toda la población, independientemente de su situación administrativa, con gestión democrática, que actúe contra los determinantes sociales y económicos de la enfermedad, y no solamente centrada en lo curativo y el hospitalcentrismo, sino en la Promoción de la Salud, la Acción Comunitaria y la Atención Primaria.
Ello implica:
- – Reforzar el sistema sanitario con más plantillas, utilizar todos los recursos existentes, ampliando la jornada ordinaria de los hospitales por las tardes.
- – Priorizar y potenciar la Atención Primaria y la Salud Pública, centrando el sistema en la prevención y la actuación contra los “productores de enfermedad”.
- – Apostar definitivamente por la atención sanitaria desde la Acción Comunitaria, basada en la Promoción de la Salud, la Educación para la Salud de las colectividades, y el empoderamiento y la autogestión de la salud por parte de la ciudadanía, para así reducir los determinantes sociales que influyen en la morbimortalidad más prevalente.
- – Prohibir el ánimo de lucro en el sistema sanitario, derogando las leyes privatizadoras.
- – Acabar con las redes sanitarias paralelas que se nutren del dinero público.
- – Controlar y fiscalizar los beneficios de la industria Farmacéutica, en beneficio de la reinversión en servicios públicos básicos de calidad, accesibles y no discriminatorios., entendidos como servicios comunes o colectivos.
Desde los sindicatos de la CNT y en la línea de nuestros Principios, Tácticas y Finalidades, apoyamos y nos adherimos a las movilizaciones de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, para organizarnos y manifestarnos en nuestros barrios, pueblos y centros de trabajo, en una campaña de lucha mantenida en el tiempo con las reclamaciones y reivindicaciones resumidas en los siguientes puntos:
- Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Rescate de todo lo privatizado. Atención Primaria centrada en la salud colectiva. Supresión de redes paralelas e incompatibilidad público-privada. Fuera las empresas de la sanidad.
- Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.
- Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.
- Cuidados de nuestros mayores con dignidad.
- Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud.
Invitamos a todos los sindicatos de la CNT a sumarse a esta campaña de lucha y a las movilizaciones por una Sanidad Pública de Calidad, Universal, Accesible y Gratuita.
SOLO LA DEROGACION DE LAS LEYES PRIVATIZADORAS Y EL BLINDAJE DE LA SANIDAD PÚBLICA EVITARÁN EL DESMANTELAMIENTO QUE PREPARAN
PARTICIPA POR UN SISTEMA PÚBLICO UNIVERSAL Y CON GESTIÓN DEMOCRÁTICA
CONTRA LA PRIVATIZACION: DEROGACION DE LA LEY 15/97 Y DEL ARTICULO 90 DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD.
EL 12 DE JUNIO, MUEVETE POR LA SALUD, DEFIENDE LA SANIDAD PÚBLICA.
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