En lucha ante el atentado sistemático contra el derecho al aborto
Las recientes noticias provenientes de Castilla y León no son una anécdota: son la práctica cotidiana más habitual. Aunque el foco apunte ahora al territorio castellano y leonés, los problemas que acarrea la propuesta son comunes en otras CCAA y forman parte de la estrategia reaccionaria del partido ultraderechista –no cabe otra definición para la formación de García-Gallardo y compañía– para suprimir el derecho al aborto. Un derecho crucial para las mujeres, que marcó un hito en la historia de las luchas feministas, que en muchos lugares aún se está peleando y que sigue siendo una moneda de cambio para los políticos.
Las medidas de VOX –de las que el PP, su socio en el gobierno, se ha desmarcado tímidamente y no con la suficiente contundencia, aunque no cabía esperar otra actitud que la complicidad– incluyen la obligación para profesionales sanitarios de ofrecer a la persona embarazada la escucha del latido fetal o una ecografía 4D antes de poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Por el momento son solo ideas que no se han puesto en marcha, pero a ellas se suma el hecho de que el derecho al aborto libre y accesible, reconocido en la ley vigente, la 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se vulnera constantemente en gran parte del territorio nacional.
Mujeres a las que se les niega la posibilidad de recibir la intervención en su hospital de referencia alegando causas “extramédicas” son obligadas a un peregrinaje fuera de su provincia que añade kilómetros, incertidumbre y un riesgo creciente, pues cuanto más tiempo pase su salud se verá más comprometida. La permisividad de las administraciones con la objeción de conciencia generalizada de los médicos, que no se le permite a ningún otro empleado público que se niegue a cumplir una ley –so pena de ser expedientado o apartado del servicio–. La tolerancia con el hostigamiento a las mujeres que quieren abortar, con las pintadas y pegatinas religiosas frente a las clínicas, con los centros “provida” que se levantan delante de las pocas clínicas privadas autorizadas que existen. Todo ello quiere decir que la equidad y la calidad de la protección a la salud no están garantizadas para las mujeres y las personas gestantes, que están corriendo riesgos innecesarios a causa del maltrato sistemático al que las somete el sistema de salud ante una IVE.
La igualdad de acceso al aborto libre y gratuito que proclama la ley se ve desmentida en las cifras, que hablan por sí solas: a nivel nacional, en 2021, sólo el 15,67% de IVEs se han realizado en centros públicos. Y, tanto en públicos como en privados, tuvieron lugar en hospitales sólo el 13% de ellas. La oleada antiabortista supone, por lo tanto y fundamentalmente, la oposición al aborto para la clase trabajadora: una historia que no nos es desconocida. La brecha de clase hace que lo que debería ser un derecho se convierta en un privilegio. Esto entronca con la situación en el acceso general a la sanidad, cada vez más depauperada, y con la privación de tantos otros derechos de los que son, al menos en lo teórico, fundamentales: educación, vivienda, libertad sexual…
La salud y la seguridad para quien se decide por una IVE no están garantizadas en este país: que nadie nos diga lo contrario. La decisión de abortar –por la razón que sea– no puede estar sujeta a los vaivenes morales y a las trabas administrativas de políticos, médicos o curas.
Como ya cantara Rosa Jiménez en las Coplas Retrógradas junto a Chicho Sánchez Ferlosio, «aunque a muchos la guerra no les importa se ponen como fieras cuando una aborta». No es solo la Junta de CyL quien debe salir a la palestra: se retratan solos los gobiernos autonómicos de todo signo político.
Ante ello, solo queda la reivindicación y la lucha porque este derecho no quede en papel mojado.
Nuestros cuerpos no son objeto de tutela.
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