DOSIER ¿Nueva normalidad? ¡Acción Sindical! | Vallès Oriental | Ilustración de El Bellotero | Extraído del cnt nº 425
Cuando hablamos de Seguridad y Salud en el ámbito del trabajo nos referimos siempre a las condiciones que garantizan el bienestar físico, mental y social pleno de las personas fruto de su actividad laboral. Es evidente que la actual situación de pandemia de la Covid-19 ha puesto el foco de atención de esta cuestión de forma significativa, tanto para garantizar la protección individual como colectiva de la sociedad ante el virus SARS-COV-2 causante de la enfermedad. En estos últimos meses el sindicalismo ha tenido un papel clave en la exigencia y defensa de las necesarias medidas para prevenir el contagio de la Covid-19 en los centros de trabajo: en el establecimiento de protocolos y medidas de protección colectivas, en la exigencia de EPIs, en la llamada a la paralización de la actividad económica no esencial en el momento álgido de la curva de contagios hace unos meses…
Hemos estado exigiendo y reclamando en cada actualización de la evaluación de riesgos laborales que no sólo se evalúe la exposición a la Covid-19, si no la situación de los riesgos psicosociales derivados de todas las medidas organizativas y ambientales en el puesto de trabajo.
Sin embargo se hace necesario hacer una pausa y realizar una mirada general a la situación de la seguridad y salud laborales en estos momentos, por un lado para ver el camino recorrido hasta ahora pero también para analizar los pasos a dar próximamente. En este sentido hay un aspecto estructural más a tener en cuenta: la situación económica.
En términos generales, a mejor situación económica las empresas tienden menos a escatimar inversión en seguridad y salud laboral. Esto es no sólo en las medidas más evidentes de seguridad para evitar accidentes como señalización, proporción de EPIS, etc. Si no en aquellos aspectos menos vistosos pero de crucial trascendencia como es una buena formación continuada o la adaptación de los procedimientos de trabajo con aquellos protocolos o medidas colectivas que sirvan para evitar accidentes o enfermedades profesionales, o en su defecto reducir la probabilidad que éstas puedan tener lugar y que causen el menor daño posible.
De hecho tras la crisis de 2008 los niveles de seguridad y salud laboral bajaron mucho en términos generales a consecuencia de la introducción de la precariedad laboral en las empresas. Especialmente grave son las situaciones en las que la precariedad laboral se manifiesta también en forma de subcontrataciones, ETT, empresas auxiliares y otras modalidades de externalización de servicios. Una gran parte de los accidentes mortales de trabajo guardan relación con estas situaciones: empleados/as de empresas auxiliares, cadenas de subcontratación, mantenimientos externalizados, personal eventual, etc.
Cabría pensar, sin embargo, que en pleno contexto de la Covid-19 en el que «cuatro de cada 10 empresas se han acogido a un ERTE» deberían haber disminuido los accidentes laborales en estos últimos meses. Según datos del Observatorio del Trabajo y Model Productivo de la Generalitat de Cataluña los accidentes laborales mortales entre los meses marzo y julio se han incrementado en más de un 25% en Catalunya: el período comprendido entre los meses de marzo y julio en 2019 sumaron un total de 27 accidentes laborales, mientras que el mismo período ha sumado un total de 34 a accidentes laborales mortales. Por otro lado, según el informe mensual de siniestralidad del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha incrementado un 10% el Índice de incidencia mortal para el período julio 2019 – junio 2020 (www.insst.es).
Una gran parte de los accidentes mortales de trabajo guardan relación con situaciones generalizadas de precariedad: empleados/as de empresas auxiliares, cadenas de subcontratación, mantenimientos externalizados, personal eventual, etc.
Si nos centramos en el caso de las medidas específicas para evitar los contagios de la Covid-19 en las empresas, la realidad que vivimos en el sindicato es de relajamiento por parte de muchas empresas. En un primer momento, al inicio de la crisis sanitaria, se hizo mucho énfasis en el acceso a EPIS ya que había un grave problema de abastecimiento, pero las medidas de mayor trascendencia como son aquellas que afectan a los métodos de trabajo y organización de los equipos o grupos de trabajo se ha tenido que incidir desde la acción sindical. En muchos casos las secciones sindicales han tenido que insistir o incluso presionar para que se adoptaran este tipo de medidas: ajustar horarios, adoptar el teletrabajo más allá de lo indicado por el RD, organización y escalada de los turnos, etc. En casos extremos el sindicato ha llegado, incluso, a adoptar medidas que deberían haberlas hecho las empresas o sus servicios de prevención, demostrando que la acción directa es fundamental para la consecución de nuestros derechos.
Debemos realizar una mención más a la situación de los riesgos psicosociales. Esta área de la prevención, a menudo deficitaria en muchas empresas, se puede ver afectada por la pandemia: las situaciones de aislamiento por el teletrabajo, el estrés en ámbitos socio-sanitarios, la falta de adopción de medidas, sobrecargas de trabajo a consecuencia de los ERTE… Desde CNT hemos estado exigiendo y reclamando en cada actualización de la evaluación de riesgos laborales que no sólo se evalúe la exposición a la Covid-19, si no la situación de los riesgos psicosociales derivados de todas las medidas organizativas y ambientales en el puesto de trabajo con resultados muy desiguales.
A modo de conclusión podemos decir que va a ser determinante en los próximos meses la formación que dispongan las secciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales, así como una buena planificación de las secretarías de prevención con el sindicato y, cómo no, el área de Salud Laboral del GTC que tanto está asesorando en estos últimos meses a la militancia sindical.
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