Viernes 27 Diciembre 18:30 en Subdelegación del Gobierno. Convoca: CNT Córdoba
Legalización del fraude en los contratos a tiempo parcial
El pasado viernes, el consejo de ministros ha aprobado una serie de modificaciones a los contratos a tiempo parcial que legalizan, de forma total y abierta, la práctica del fraude por parte de las empresas. El contrato a tiempo parcial sirve a los empresarios para contratar trabajador@s por un número de horas inferior a la jornada habitual. Pero es sabido por todo el mundo que las empresas obligan a l@s trabajador@s a hacer la jornada completa, pero eso sí, cobrando tan solo por las horas que figuran en el contrato. Un fraude perfecto, que se veía limitado tan solo por las denuncias a la inspección de trabajo, que en ocasiones, podían constatar que l@s trabajador@s estaban haciendo una jornada superior a la que figuraba en sus contratos. Esto permitía que en algunos casos se consiguiera en los tribunales que se reconociera el fraude del que estaban siendo objeto. Con esta nueva reforma, el papel de la Inspección queda reducido a nada, ya que el empresario podrá “pedir” al trabajador “de forma voluntaria” que se quede más horas en su puesto de trabajo sin tener que preavisarle con antelación y sin ningún tipo de control en la práctica. Esto supone que con un contrato a tiempo parcial se podrá realizar hasta el 90% de la jornada total del sector de que se trate, es decir, trabajo barato, a disposición del empresario y sin posibilidad de denunciar el fraude.
Más poder para las ETT
Además, ahora se podrá utilizar el famoso contrato “de emprendedores”, con el cual l@s trabajador@s están un año a prueba (tiempo durante el cual pueden ser despedidos sin indemnización ni derecho alguno) para contratar a tiempo parcial. Para completar, el gobierno concede más poder a las empresas de trabajo temporal (ETT), que ahora podrán realizar también contratos en prácticas para ponerlos a disposición de las empresas; es decir, más fraude y más trabajo basura.
La salud del trabajador en manos de la empresa
Otra de las perlas aprobadas por el consejo de ministros, y que tendrá gravísimas consecuencias si llega a aplicarse, es el anteproyecto de ley que regulará las mutuas. Estas mutuas, que son propiedad de la patronal, se encargan de gestionar las altas y bajas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ahora, con esta reforma, tendrán el control también sobre los procesos de enfermedad común, ya que se permitirá a las mutuas dar el alta a l@s trabajador@s en incapacidad temporal si el médico de la seguridad social no contesta en cinco dias a la propuesta de alta realizada por la mutua. En la práctica, es casi imposible para los médicos contestar en ese plazo, por lo que l@s trabajador@s se verán abocados a volver al trabajo aunque estén enfermos, incapacitados o medio muertos. Es decir, una nueva privatización, para poner en manos, precisamente de las empresas, la decisión de si un trabajador puede volver o no al trabajo. El único resquicio hasta el momento era que esta capacidad estaba en manos del servicio sanitario público; ahora, probablemente, también desaparecerá.
