La pretendida apuesta de la Junta de Andalucía por el acogimiento familiar, no es más que una mera artimaña con la que esconder un vergonzoso recorte presupuestario en uno de los ámbitos sociales más sensibles, por afectar a un colectivo tan vulnerable como es el de la infancia maltratada.
Durante las últimas semanas hemos podido encontrar en diversos medios de comunicación diversas noticias relativas a la denuncia, por parte tanto de la patronal del sector, como de sindicatos y partidos políticos, de los importantes recortes presupuestarios que se están llevando a cabo en Andalucía en materia de protección de menores, especialmente en el ámbito del acogimiento residencial, esto es, en lo relativo a los centros de protección de menores.
Estos recortes han sido desmentidos desde la Junta de Andalucía defendiendo que no existe recorte alguno, sino que habría que hablar de una reordenación del gasto, ya que lo que deja de destinarse al acogimiento residencial, se destina al acogimiento familiar, lo que implicaría no sólo el mantenimiento de la inversión pública en materia de protección de menores, sino una mejora, al potenciarse una medida de protección más adecuada.
Sin embargo, la realidad con la que nos encontramos es muy distinta.
Hay que recordar que ya el pasado año se produjo un recorte significativo en el ámbito de la protección de menores en Andalucía. Un recorte que se tradujo en el cierre de centros de protección, lo que obligó a agrupar a los menores en centros de mayor capacidad, con el consiguiente perjuicio a su adecuada atención.